Revista Opinion Juridica

El objetivo de este trabajo es identificar la existencia de cláusulas sociales en los tratados internacionales del Mercosur, desde que fue creado, en el 1991, hasta 2019 y entender si realmente logran alcanzar efectividad en los estándares mínimos para el trabajo entre los países contratantes, inclusive con posible combate al dumping social y la precariedad en el trabajo. Para la realización de esta investigación exploratoria, se adoptó, como metodología, revisión de literatura y análisis de los tratados internacionales firmados en ámbito del Mercosur, en el período indicado, hacia la búsqueda por eventuales cláusulas sociales, posteriormente comparadas a la Convención de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Tras el análisis de los 163 tratados, fue posible identificar la existencia de cláusulas sociales en apenas 33 de estas durante el tiempo indicado. De acuerdo a los muchos tratados siquiera hizo mención a cláusulas sociales, muchas veces se ignora derechos previstos por la Convección de la Organización Internacional del Trabajo, terminan no contribuyendo para la garantía de condiciones mínimas de trabajo en los países signatarios.

Una de las respuestas ante la pandemia de la COVID-19 ha sido un rápido traslado de las tareas laborales que se realizaban de modo presencial al hogar bajo la modalidad de teletrabajo. En este contexto, en Argentina se aceleraron las discusiones en torno a la necesidad de regulaciones específicas para el teletrabajo y se sancionó una ley que otorga un marco general para esta modalidad, la cual entrará en vigencia una vez concluido el período de aislamiento social obligatorio por la pandemia. El objetivo de este artículo es analizar el debate público en torno a la ley de teletrabajo aprobada en 2020 a partir de tres dimensiones: el espacio de trabajo, la jornada laboral y la organización colectiva. Realizamos un abordaje cualitativo basado en el análisis de documentos legales y de discursos en el ámbito legislativo y periodístico que reflejan la voz de actores políticos, sindicales y empresariales. Los resultados revelan que la totalidad de los actores señalan la necesidad de adecuar el marco normativo ante el cambio laboral en curso, aunque en formas diferentes; mientras algunos advierten el riesgo de pérdida de derechos laborales, otros resaltan sus potencialidades para crear mejores empleos y otros la necesidad de regulación estatal ante la desigualdad laboral.

Resulta innegable que la justicia restaurativa ha sido ampliamente estudiada desde perspectivas teóricas muy dispares. Aún hoy en día no se ha alcanzado consenso ni en su definición, ni respecto a sus formas de aplicación. Esta falta de clarificación, lejos de motivar al debate en pro de la construcción científica del constructo, genera confusión y falta de claridad en los textos legislativos que las recogen, pudiendo incidir así de manera negativa en los actores del conflicto si se desarrolla una mala praxis nacida de esa ausencia de concreción. El presente trabajo pretende dar respuesta mediante la reflexión personal a esa falta de claridad, dotando de importancia, de este modo, a la necesidad de clarificación con respecto a las formas de aplicación de la justicia restaurativa, con el propósito de establecer protocolos de actuación estandarizados, pero flexibles e individualizados, que nos permitan desarrollar intervenciones eficaces y centradas en los objetivos de esta. La respuesta a este interrogante no es una crítica, sino una exposición de las áreas de oportunidad a trabajar desde la academia y la rama profesional para alcanzar el adecuado fortalecimiento de la justicia restaurativa en general, y sus formas de aplicación en particular.

El artículo propone un análisis de las posiciones adoptadas por TCU - Tribunal de inspección contable brasileño - al criticar el desempeño de Anatel – el organismo que supervisa y regula el sector de las telecomunicaciones en Brasil. TCU ha publicado documentos sobre gobernanza durante algún tiempo en su sitio para fomentar la adopción de esta práctica por parte de las instituciones brasileñas. La principal base crítica para cuestionar estos documentos es que el modelo de gobernanza que promueve el tribunal es superficial. No se establecen referencias teóricas sólidas, ni se ha realizado un estudio en profundidad para demostrar conocimientos sobre el tema. De hecho, la gobernanza es un elemento que debe servir como paradigma evolutivo y que requiere una profundización teórica con referentes reconocidos en el área. En el escenario de las telecomunicaciones, la gobernanza que involucre a Anatel, operadores y usuarios sería una forma de fortalecer el sector. Pero, para ello, se propone adoptar un concepto de gobernanza traído desde las Ciencias Sociales. La gobernanza promovería la acción conjunta de los organismos y entidades públicas con las personas y las asociaciones civiles de protección al consumidor para mejorar la calidad del servicio prestado en el sector, especialmente mediante la adopción del indicador de calidad percibida por el usuario.

El artículo es de reflexión y su objetivo principal es responder a la siguiente pregunta problema: ¿cómo se interrelacionan la evolución de la Nueva Violencia, la misión de la fuerza pública y la justicia constitucional alternativa? El recorte temporal es 2016-2021 y el recorte espacial es Colombia; atendiendo a los factores de incidencia endógenos y exógenos. La metodología es analítica con enfoque cualitativo sin descartar elementos propios de técnicas cuantitativas, apoyándose en fuentes de tipo secundarias, recolectadas a través de un ejercicio de minería electrónica. Ofrece conceptos novedosos para la comprensión del contexto jurídico-político particular. La conclusión principal obedece a la adaptación constitucional e histórica de los cuerpos de seguridad y defensa a la lucha contrainsurgente y antinarcótica, dada la presencia de amenazas híbridas, también mutantes en composición, ideología y en el tiempo, con actores nacionales e internacionales, ligados al narcotráfico y otros negocios plagados de actores grises.