Revista Digital de Derecho Administrativo

El incremento del fenómeno de la desinformación ciudadana, a través de los canales y los servicios de la sociedad de la información, se ha convertido en una preocupación ascendente de los Estados en los últimos años. Sin embargo, la magnitud de este problema se ha evidenciado en mayor medida durante la crisis sanitaria del covid-19. Desde su inicio, los ciudadanos han estado expuestos a una avalancha constante de información, en la que se mezclaban datos provenientes de investigaciones refutadas con otras “noticias” falsas, carentes de rigor o inexactas, lo que ha terminado ocasionando una infodemia global que ha puesto en grave riesgo la estabilidad y seguridad del Estado. En este sentido, las herramientas del ordenamiento jurídico español contra la desinformación no parecen haber sido lo suficientemente efectivas para frenar sus efectos, especialmente en materia de vacunación, lo que permite reflexionar sobre las limitaciones y posibles mejoras del régimen establecido.

El presente trabajo cuestiona el tradicional entendimiento de los conceptos de daño y daño antijurídico a partir de las nociones de interés o bien jurídicamente tutelado. Bajo este enfoque, se busca mostrar cómo la influencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en Colombia ubica en el núcleo de la tutela resarcitoria la noción de derecho subjetivo, y cómo los avances de la teoría jurídica aplicados a la responsabilidad extracontractual del Estado pueden tener esta última noción como un buen sustituto. A partir de estas consideraciones, se propone al lector una reinterpretación del daño y del daño antijuridico, así como una mirada renovada de instituciones como el daño moral y la pérdida de oportunidad y de la distinción habitual entre daño y perjuicio.

El presente texto se propone examinar la potestad sancionadora de las entidades reguladoras independientes. El análisis se centrará en el modelo brasileño de las agencias reguladoras, y particularmente en las cuestiones inherentes a la legalidad, a la tipicidad, a la proporcionalidad y al consenso; haciendo mención a la legislación y a la jurisprudencia, nacional y extranjera. En relación con la legalidad y a la tipicidad, son examinados el principio de la reserva legal, el papel del reglamento y la admisión de las normas en blanco. En el despliegue sobre la proporcionalidad tienen lugar el estudio de los límites mínimos y máximos de las multas y la imposición constitucional de tratamiento favorable a las empresas de pequeña dimensión. Por último, en el escrito se subraya el uso del consenso en el derecho administrativo sancionador.

El sector público está empezando a incorporar herramientas basadas en inteligencia artificial, entre las que debemos destacar las destinadas a la lucha contra la corrupción y el fraude como una de las actividades de las administraciones más proclives al uso de herramientas basadas en inteligencia artificial. En el presente estudio se analiza cómo la unión de ciencias del comportamiento e inteligencia artificial pueden ser muy positivas para un adecuado control preventivo de la corrupción en la actuación de los servidores públicos, pero también abre la puerta a determinados riesgos propios del empleo de ambas técnicas (ciencias del comportamiento e inteligencia artificial), que deben tenerse en cuenta para así poder corregirlos.

El procedimiento de eliminación de barreras burocráticas constituye un mecanismo de control interno de la Administración pública. Mediante este se permite que una autoridad controle los actos y las normas que emiten otros organismos y entidades públicas, con el propósito de eliminar aquellas barreras que impidan o dificulten el acceso o permanencia en el mercado de agentes económicos, además de hacer prevalecer la simplificación administrativa. Sin embargo, pese a la evidente finalidad de interés público que tiene este procedimiento, su diseño hace que el denunciante tenga que superar una serie de obstáculos para que eventualmente sea examinada su queja. En otros términos, se olvida el rol que está cumpliendo como colaborador de quien es el verdadero protagonista: la propia Administración encargada de eliminar dichas barreras. Es por ello que en el presente artículo se propone una revisión del modelo, a partir de una comprensión adecuada del rol de colaborador que tiene el denunciante y el rol activo que debe tener la autoridad de competencia.